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Los desafíos de la Ley Nacional de Ejecución Penal en México

La Ley Nacional de Ejecución Penal garantiza mejores condiciones de vida para las y los internos
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Los desafíos de la Ley Nacional de Ejecución Penal en México

Por Gerardo Hernández y Reyna Mondragón Esquivel / Cuestiones constitucionales

En el contexto de la política de seguridad del gobierno mexicano durante las dos recientes administraciones federales (2006-2012 y 2012-2018) se han realizado una serie de cambios institucionales que han buscado robustecer al Estado para hacer frente al flagelo de la inseguridad y el crimen organizado. Una de las reformas más significativas fue la del sistema de justicia penal en 2008, en la cual se pasó de un sistema inquisitivo a uno acusatorio. El efecto de este cambio institucional fue la gradual despresurización del sistema penitenciario, el cual entre 2006 y 2012 aumentó su población de 210,000 personas privadas de su libertad a 239,000, es decir, un aumento de 28,949 internos.1 No obstante, como se menciona, estas cifras comenzaron a disminuir entre 2012 y 2016 -de acuerdo con la información actual disponible- de 239,000 reclusos a 212,000 personas privadas de la libertad.2

Esta disminución de la población privada de su libertad, por un lado, cumplía con uno de los objetivos del cambio institucional de 2008, y por otro, centró la discusión en otro de los problemas pendientes en la agenda pública, es decir, en el proceso de reinserción social que el Estado debe otorgar a las personas privadas de su libertad, en el momento en que regresan a la sociedad. Ante este panorama, en junio de 2011, la administración federal (2006-2012) reformó la Constitución Política (artículo 18) para que se elevara a rango constitucional el respeto de los derechos humanos en el sistema penitenciario.3 Asimismo, en 2016 -durante la administración federal 2012-2018- se aprobó la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), la cual entró en vigor, parcialmente, en junio de 2016 y que tiene como objetivo establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; determinar los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, y regular los medios para lograr la reinserción social.

Ante esto, no se puede obviar el avance que representa la creación de la LNEP, pero también los grandes retos que como política pública enfrenta dentro del sistema de justicia penal en México. Los desafíos implican no sólo el trabajo coordinado entre niveles de gobierno y entre instituciones locales, sino también dimensionar el problema que representan los centros de readaptación social en cada una de las entidades federativas de México. Cada uno de ellos, tanto federales como estatales, conforma un microcosmos con particularidades, en las que se conjugan las capacidades administrativas, operativas, económicas y políticas que determinan el rumbo de la reinserción social de los individuos privados de la libertad.

Por tal motivo, en el presente artículo se cuestiona lo siguiente: ¿cuáles son los principales obstáculos a los que se enfrenta como política pública la LNEP ante su instrumentación en las entidades federativas? Como hipótesis se plantea que los principales retos de la LNEP se encuentran en la capacidad que deberá tener el gobierno federal para coordinar, dirigir y evaluar los esfuerzos que realizan los gobiernos estatales en la tarea de implementación de la política pública, sobre todo porque la implementación muestra, por un lado, la fragmentación institucional del Estado para implementar políticas y, por otro, la retórica gubernamental de que los individuos privados de la libertad por el simple hecho de ser sometidos al proceso de reinserción social estarán en corresponsabilidad con la idea de orden y paz que conduce al Estado.

El trabajo se divide en dos secciones y un apartado final. En la primera se analiza normativamente la LNEP y se plantea el complejo proceso de implementación de la política pública. En la segunda parte se argumenta cómo la fragmentación institucional y la retórica gubernamental de la corresponsabilidad del individuo con el Estado limitan el alcance de la LNEP. Este apartado se apoya de los referentes teóricos de las políticas públicas y de entrevistas a especialistas en materia de reinserción social, así como a un director de un Centro de Reinserción Social (Cereso) en el estado de Quintana Roo. En la última sección se presentan las conclusiones. La investigación se apoya en los referentes teóricos de las políticas públicas.

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